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Protestas en Bolívar: 42 jóvenes privados de libertad y dos fallecidos

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Pableysa Ostos – Bolívar

@PableOstos

Desde hace más de 90 días las protestas se han mantenido en varios estados del país. Las cifras de fallecidos ya asciende a los 94 en su mayoría jóvenes estudiantes y las de detenidos a más de 3 mil.

En Bolívar la situación no ha sido distinta. Desde el 11 de abril hasta la fecha dos personas han fallecido, uno de ellos fue Augusto Puga, estudiante de enfermería de la Universidad de Oriente (UDO), quien fue asesinado dentro del decanato-recibió un tiro en la cabeza-.

Por ese caso fueron privados de libertad seis funcionarios, cinco pertenecientes a la Policía del Estado Bolívar (PEB) y uno del Ejército. Mientras que la otra víctima fue un adolescente de 17 años, identificado como Oswaldo Rafael Britt, quien fue atropellado por un camión de HidroBolívar, durante un trancazo.

Este caso está siendo investigado por un fiscal nacional y otro regional a fin de determinar las responsabilidades referentes al suceso ocurrido la tarde de este martes-11 de junio- en la avenida Paseo Meneses.

Detenciones

Desde el 11 de abril hasta la fecha más de 60 personas han sido aprehendidas por distintos organismos de seguridad del estado Bolívar, algunos durante allanamientos y otros en manifestaciones.

42 personas permanecen privadas de libertad, el grupo mayor es de 31 estos fueron trasladados hasta el Centro Penitenciario de Oriente El Dorado, donde estuvieron varios días recluidos tras un nuevo traslado esta vez al Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo.

Otros 7 están en el CCP Cachamay, 2 en Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), uno en la sede de Patrulleros de Caroní-Policía Municipal- y una mujer en el CCP Agua Salada.

Mientras que 11 están a la espera de que su libertad sea tramita tras corroborar los datos de los fiadores solicitados por el tribunal. 10 aguardan en el CCP Guaiparo y 1 en la sede de Dgcim.

Y otros seis detenidos están a la espera de su audiencia de presentación tras ser detenidos en Ciudad Bolívar este martes, durante un trancazo en la avenida Paseo Meneses.

Foro Penal

El coordinador regional del Foro Penal, Ezequiel Monsalve explicó que las causas de los 42 privados de libertad están divididas entre Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar.

“11 personas que están privadas de su libertad que no se consideran presos políticos por la medida de coerción impuestas por el tribunal, que son medidas cautelares son personas que están esperando la ejecución de las libertades en los respectivos tribunales tras la verificación de sus recaudos”, explicó el abogado.

De igual forma hizo referencia a que “esto suma un total de 52 personas privadas de libertad, entre ellos 42 que ostentan a calidad de presos políticos privados de libertad en su audiencia de presentación y 11 de ellos esperando que se ejecuten las medidas cautelares, en este sentido vale la pena resaltar que la totalización de estas cifras se refiere a las protestas registradas en Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar desde el 11 de abril hasta la fecha”.

Monsalve destacó que de esos 42 detenidos, 36 fueron privados de libertad de forma ilegal e inconstitucional, todo ello en relación a que la fiscalía del Ministerio Público (MP) no solicito la medida de coerción personal de la privativa de libertad, sino que lo hizo el Tribunal.

“Haciendo uso de un errado control judicial para imputar delitos y otorgas privativas de libertad no requeridas por las partes, en este caso por el MP que es el titular de la acción penal. En este caso el foro penal venezolano tanto en Puerto Ordaz como Ciudad Bolívar, al menos en la últimos casos donde se dio la privativa de libertad de 31 personas se consignó dos expedientes recusación formal ante los jueces por considerar que en efecto se usurparon funciones el abuso de autoridad en relación de la privativas ilegitimas de estos ciudadanos”.

El coordinador les agradeció a los activistas del Foro Penales así como de otras Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que se han abocado a colaborar con los privados de libertad y los que esperan que sus medidas cautelares sean ejecutadas.

“Les han facilitado lo necesario y pertinente para tener acceso a una buena alimentación y aseo, un reconocimiento expreso para los activistas, sociedad civil, gremios, cámaras de comercio, privadas, naturales y jurídicas que han prestado ese apoyo”, agregó.

DDHH

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía también emitió una carta donde expresan su preocupación ante la violación de Derechos Humanos en las manifestaciones y con privados de libertad.

A continuación el comunicado:

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU), presenta un balance de cien días de protestas en el estado Bolívar, y expresa su profunda preocupación ante los hechos de escalada violencia y represión asociada al uso arbitrario de la fuerza pública, robos, hurtos, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes, que se han suscitado en la localidad, propiciando la violación grave y generalizada de derechos humanos, por el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar, criminalizar o impedir el ejercicio de los derechos a la manifestación pacífica, libertad de expresión, reunión pacífica y a la participación social y política en forma más amplia, ante el quiebre institucional y democrático en el país.

Esta organización, reitera su rechazo por el uso del poder judicial como mecanismo intimidatorio y represivo contra manifestantes. Del mismo modo que denuncia la participación de grupos armados para el control del orden público. En atención a lo dicho, recordamos a los funcionarios públicos lo siguiente:

1. Las acciones para sancionar los delitos contra los derechos humanos no prescriben

(Art.29).

2. Los funcionarios que ordenen o ejecuten actos que violen o menoscaben los

derechos garantizados en la CRBV, incurren en responsabilidad penal, civil y

administrativa, sin que les sirva de excusa el cumplimiento de órdenes superiores.

(Art. 25).

3. El Estado es responsable por las acciones de particulares cuando estos actúan con aquiescencia, colaboración, complicidad o participación de sus agentes.

A la ciudadanía de Bolívar le recordamos que la única manera de alcanzar justicia ante la violación de nuestros derechos es por medio de la denuncia, hay que denunciar. Protestar no es un delito, es un derecho, y tenemos el deber de defender la vigencia de la democracia y de los derechos humanos.

Fuente

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