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Defensor del Pueblo en Zulia rechaza la agresión física contra el diputado Edgar Mujica

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La Defensoría del Pueblo en el Zulia rechazó las agresiones físicas de las que fue víctima el diputado  zuliano del CLEZ, Edgar Mujica, en un estacionamiento judicial de Maracaibo, cuando servía de intermediario para la entrega de un vehículo.

A través de un comunicado, Aristóteles Torrealba, fijó posición por esta situación irregular, que catalogó del «perniciosa» por el cobro exagerado en los estacionamientos judiciales del estado Zulia, y que destacó es un problema de vieja data y que se ha agravado con la participación de algunos funcionarios y personas con «poder económico y político que se benefician de ese grosero negocio».

Torrealba aseguró que en estos lugares, además de las «tarifas especulativas» ocurre el desmantelamiento de los vehículos, en los que son sustraídos por lo general los accesorios más costosos, como lo son cauchos, baterías y piezas eléctricas o electrónicas, sin que nadie responda por ello, a pesar de exigir un pago diario a los afectados, que no tienen derecho a protestar.

«Solo exigen el pago diario por estacionamiento sin ningún derecho a reclamar, ni a protestar y a los que se atreven a protestar los insultan, amenazan y agreden, como lamentablemente ocurrió en esta ocasión con el legislador Edgar Mujica», precisó.

«Desde la Defensoría del Pueblo tenemos constancia fehaciente de esa perniciosa situación por haber elevado varias denuncias de oficio y por haber recibido y procesado denuncias de los ciudadanos afectados a todos los niveles gubernamentales nacionales y regionales sin haber recibido respuesta alguna», afirmó Torrealba.

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El defensor mencionó que desde el CLEZ también se ha abordado este tema, mediante reuniones y mesas de diálogo con los representantes de los estacionamientos judiciales, «desde que la Profesora Magdelys Valbuena y Eduardo Labrador eran Presidentes del CLEZ con los legisladores de la Comisión de servicios públicos, pero hasta ahora no se ha podido lograr ningún acuerdo o resolución para resolver esa difícil problemática».

A su juicio, la situación se ha agravado cada vez más, a lo que se suma la dolarización de los precios de todos productos y servicios públicos y privados.

«Si el gobierno Nacional y Regional no toman una acción contundente y le revocan las licencias a varios de esos Estacionamientos Judiciales los perjuicios económicos y sociales para los ciudadanos que le son enviados sus vehículos a esos lugares va a continuar igual y tenderá a empeorar cada vez más hasta que, ojalá no ocurra, una peor situación de tragedia y desgracia», puntualizó Torrealba.


  
  


  
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