Rangel Baron: «somos víctimas de una campaña de difamación»
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Rangel Baron: «somos víctimas de una campaña de difamación»

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El abogado y empresario José Antonio Rangel Baron aclara que no ha participado como contratista del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) para la compra de insumos médicos. Se desmarca de la red de compañías pertenecientes a su grupo familiar que firmó contratos directos con el Seguro Social por $445 millones para la importación de material médico quirúrgico entre 2014 y 2012.

El nombre de José Antonio Rangel Baron aparece en el reportaje Familia zuliana guisó $455 millones preferenciales en contratos  a dedo con el Seguro Social, publicado en  Runrunes el 6 de noviembre de 2015 como propietario y presidente de las empresas R.B Importadora e Inversiones Dam-Prax Internacional, que forman parte de la red de empresas de la familia Rangel Baron dedicadas a la importación de insumos médicos para el sector público de la salud en Venezuela, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Pero Rangel Barón subraya que sus empresas ya no tienen contratos con organismos del Estado venezolano del sector salud. Y que lejos de beneficiarse, resultaron perjudicadas: R.B Importadora, Inversiones Dam-Prax Internacional, y Corporación Hospitalaria del Zulia (Corphos) asumieron contrataciones con el Ministerio para la Salud bajo administración de Eugenia Sader (2010-2013) que no han sido honrados. Documentos oficiales certifican tres demandas por parte de las tres compañías contra el MinSalud, presentadas el 25 de noviembre de 2015 ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Rangel Baron demandó en 2015 a MinSalud por el pago de la deuda de Bs.973.077 de R.B Importadora; Bs. 4.199.744,68 de Corphos (2008 y 2009) y Bs. 7.393.960,27 de Inversiones Dam-Prax Internacional. Los tres montos, que suman un total de Bs. 12.566.781,95, corresponden a suministros de material médico quirúrgico e insumos médicos para el organismo estatal.

Por las tres compañías intercedió la Procuraduría General de la República en 2012 y 2013, que envió tres oficios a la exministra Sader reconociendo el reclamo de Rangel Baron por el pago de la deuda por concepto de suministro de bienes y equipos de uso médico al MinSalud durante 2008 y 2009.  Fueron firmados por los exprocuradores   Cilia Flores (2012) y Manuel Galindo Ballesteros (2013).

Rangel Baron admitió en entrevista de Runrunes que suscribió estos contratos directos bajo  el Convenio de cooperación entre MinSalud e Inversora Ipsa del 14 de noviembre de 2007, para la “adquisición y asistencia técnica para adquisición de medicamentos hospitalarios y material médico quirúrgicos, requeridos para abastecer la red hospitalaria en todo el territorio nacional”. No participaron en  concursos públicos convocados por el MinSalud sino que la contratación fue directa.

Honor familiar

Rangel Baron desmiente categóricamente “las informaciones falsas, sin fundamento legal” que han circulado en medios digitales y redes sociales, “que difunden una campaña de descrédito en contra de la familia Rangel Baron, orquestadas por José Alfredo Rodríguez”, a quien identifican como “prófugo de la justicia penal venezolana”.

El abogado basa su denuncia en una investigación sobre una serie de páginas web  con información difamatoria, que según él demostró que esos site fueron creadas por Rodríguez, ex socio de los Rangel Baron y ex esposo de Liliana Di Nardo, ex cuñada de Daniel Rangel Baron, hermano de José Antonio. Señala que se enmarcan dentro de los delitos informáticos por los que ya se están tomando acciones legales correspondientes tanto en  Venezuela como Estados Unidos contra Rodríguez.

Asegura que hay una orden de aprehensión por el delito de “Uso de documentos falsos”y “falsa atención ante funcionario público”, cometidos en perjuicio de Oncoamerica CA (hoy Oncooccidente) (Tribunal Octavo Estatal de Primera Instancia en lo penal del Estado Zulia el 4 de octubre de 2013. Decisión No. 1860-13). Y con el fin de activar persecución judicial contra Rodríguez, Liliana Di Nardo y los hermanos Isabel y Daniel R.B presentaron ante el Tribunal Décimo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas una demanda por “delito de injuria agravada, y usurpación de identidad”, previstos en el Código Penal de Venezuela.

También, por orden del tribunal de primera instancia del circuito judicial penal del AMC (24 mayo 2016), causa No. 1026-16 y oficio No. 188-16 el presidente Conatel ordenó  la “suspensión temporal de transmisión en las plataformas electrónicas venezolanas”.

El abogado residenciado en Maracaibo, estado Zulia, con más de 40 años de ejercicio profesional, resalta que las familias Rangel Baron y Rangel Di Nardo han sido víctimas de una campaña de difamación y descrédito, “de una conspiración criminal de la cual desafortunadamente algunos medios se ha hecho eco”.

Dice que sus hermanos Daniel, Félix e Isabel Rangel Baron tiene más de 40 años como empresarios de diferentes ramas de Industria y Comercio, especialmente en el sector salud. “Son distribuidores exclusivos de prestigiosas marcas mundiales de equipos y materiales medio quirúrgicos y hospitalarios”, alega agregando que han participado en licitaciones públicas y privadas convocadas por el Estado y sector privado de “forma transparente y legal”.

Rangel Baron se le ofreció presentar pruebas sobre la contratación de la empresa Continental Medica y otras pertenecientes a la familia Rangel Baron a cargo del Seguro Social. Pero hasta el cierre de la nota, no se recibieron respuestas sobre las denuncias sustentadas en el Informe Anual de Contraloría de 2007, que indica que hubo irregularidades en la contratación de una empresa  para la  importación de insumos médicos en 2004 por parte del IVSS, especialmente en la justificación del decreto de emergencia que permite hacer compras del Estado sin pasar por concurso público.

 

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