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Cierre de ULA TV y actuación de colectivos en Mérida fueron registrados por Naciones Unidas en informe sobre ddhh

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El informe preparado por la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) evidencia las graves violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas antigubernamentales en Venezuela ocurridas por más de 120 días.

El pasado miércoles 30 de agosto la ACNUDH publicó un informe apoyado en los relatos fidedignos y coherentes de las víctimas y testigos de violaciones y abusos de los derechos humanos, donde se indica que las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva para impedir las manifestaciones, sofocar la disidencia e infundir temor.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), citó dicho informe en el que se plasma el cierre por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) del canal universitario ULA TV, hecho calificado por la ACNUDH como una violación al derecho a la Libertad de Expresión.

En ese sentido, el informe señala en la página 30 que “el 15 de junio CONATEL cerró en el estado Mérida el canal universitario ULA TV, muy activo en la cobertura de manifestaciones y de los problemas sociales. Este cierre, supuestamente, motivado por el incumplimiento de requisitos administrativos, ocurrió un par de semanas después de que el Gobernador de Mérida afirmara que ULA TV fomentaba el terrorismo”.

Dicho cierre, refiere el informe, evidencia que el gobierno ha adoptado un número creciente de medidas administrativas que se han introducido para el cierre de medios de comunicación o la imposición de medidas administrativas que intentan silenciar a estos medios, lo que ha limitado sustancialmente el acceso a la información para un gran número de venezolanos, especialmente aquellos sin acceso a Internet.

Los patrones identificados en Mérida

Además del cierre de ULA TV, es de destacar que la ACNUDH identificó que en el estado Mérida se realizaron allanamientos ilegales y violentos que fueron ejecutados en operaciones que causaron destrozos generalizados y personas detenidas, con el fin de intimidar a los residentes e impedir nuevos actos de protesta.

En el informe se refleja la actuación de los colectivos armados pro-gobierno (paramilitares) que actúan con la anuencia y en conjunto con las fuerzas de seguridad y que, según las cifras del ACNUDH, fueron responsables de la muerte de al menos 27 personas, cuatro de ellas en el estado Mérida, durante las manifestaciones y también resalta la muerte de funcionarios de las fuerzas de seguridad durante las protestas en Mérida.

Las principales conclusiones del informe de la ACNUDH ponen de manifiesto una situación de los derechos humanos la cual es cada vez más crítica desde el comienzo de las protestas (01 de abril de 2017), en las que se observan niveles más altos de represión de la oposición política por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y un aumento de la estigmatización y persecución de las personas percibidas como opositoras al gobierno del Presidente Maduro.

El ACNUDH constató que las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva y han realizado detenciones arbitrarias de las personas que participan en manifestaciones. También documentó la existencia de patrones de malos tratos, que en ocasiones podrían llegar a constituir tortura, y violaciones graves del derecho al debido proceso por parte de las autoridades venezolanas en perjuicio de las personas detenidas en relación con las protestas.

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